El derecho de acceso consiste en la posibilidad de solicitar y recibir información sobre nuestros datos personales en posesión del sujeto obligado. Por ejemplo, podemos conocer detalles sobre el origen y tratamiento de nuestra información. También podemos consultar el aviso de privacidad que rige su procesamiento.
El titular tendrá derecho a solicitar la rectificación de sus datos personales cuando sean inexactos, incompletos, desactualizados, inadecuados o excesivos.
Será el responsable del tratamiento, en este caso el sujeto obligado, quien decidirá cuando la rectificación resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados.
La rectificación podrá hacerse de oficio, cuando el sujeto obligado en su carácter de responsable del tratamiento tenga en su posesión los documentos que acrediten la inexactitud de los datos.
Cuando los datos personales hubiesen sido transferidos o remitidos con anterioridad a la fecha de rectificación, dichas rectificaciones deberán hacerse del conocimiento de los destinatarios o encargados, quienes deberán realizar también la rectificación correspondiente.
El derecho de cancelación puede ejercerse cuando estimamos que el sujeto obligado no trata adecuadamente nuestros datos personales o cuando éstos ya no resultan necesarios para cumplir la finalidad para la cual fueron recabados. Como en el caso del derecho de rectificación, si la información ha sido remitida a otro sujeto obligado, la cancelación debe notificarse apropiadamente, para que ésta se efectúe en las bases de datos correspondientes.
Es relevante mencionar que la cancelación de los datos personales no procede inmediatamente, pues, en ocasiones, resulta necesaria su conservación con fines legales, contractuales o de responsabilidades. Según la Ley de Datos Personales local, este periodo se denomina bloqueo e implica que nuestra información no puede usarse para ningún otro objetivo y, al concluir el proceso respectivo, debe eliminarse.
Por otro lado, existen casos en los cuales la cancelación de los datos personales no procede. En particular, no pueden suprimirse cuando:
El derecho de oposición reside en la posibilidad, en todo momento y por razones legítimas, de objetar el tratamiento de nuestros datos personales para cualquier finalidad; especialmente, cuando la información haya sido recopilada sin nuestro consentimiento y la Ley de Datos Personales local no indique lo contrario.